Criterios para cuantificar las indemnizaciones por el pacto ilegal de precios de fabricantes de camiones

Las expectativas del sector del transporte en torno a las reclamaciones a los fabricantes de camiones partícipes en el cártel, que, según la Comisión Europea, concertaron sus precios de venta de vehículos de peso medio y pesados entre los años 1997 y 2011.

La resolución sancionadora de la Comisión Europea, por infracción del Derecho de la Competencia, concreta los períodos en que funcionó el cártel, y fija las sanciones de cada uno de los fabricantes,, pero no concreta los porcentajes del sobreprecio ni el coste de la repercusión de las tecnologías de control de emisiones al comprador.

Esta es una de las cuestiones trascendentales para los transportistas compradores de vehículos afectados, a fin de obtener una compensación económica por dicho acuerdo ilegal: poder cuantificar su importe con criterios sólidos, como elemento probatorio esencial del perjuicio económico sufrido por los compradores de vehículos de carga.

De ahí que el éxito de la defensa procesal de los afectados requiera de un informe pericial exhaustivo, específico por fabricante, que acredite de un modo preciso los  sobrecostes  derivados  de  la  fijación  de precios  en fábrica, así como el coste derivado de la implantación de los sistemas de retención de gases contaminantes, que pueden suponer hasta 10.000 € por vehículo,

En este sentido, hay que recordar que el pacto ilegal también alcanzó la concertación para repercutir al mercado, esto es, los compradores, mediante el llamado “passing on”, los costes derivados de la implantación de las tecnologías necesarias para cumplir con los imperativos medioambientales de reducción de las emisiones de los motores (los estándares europeos de emisiones, cada vez más exigentes, desde Euro III hasta el actual Euro IV). Y ello, coordinando, además, los fabricantes, el calendario de introducción de las tecnologías de emisiones en estos tipos de camiones.

Según las estadísticas relativas a pactos de precios análogos al que nos ocupa, en distintos sectores, el sobrecoste fluctúa generalmente entre un 15% – 20%.

Sin embargo, no resulta suficiente a efectos procesales, limitarnos a estas estimaciones “comparativas”.

Así, Hispajuris, a través de su Departamento de Derecho del Transporte aplicará sólidos criterios técnicos para el caso que nos ocupa. A fin de calcular el sobreprecio abonado por la compra de cada Vehículo Industrial (camión medio, camión rígido de carretera, camión rígido de obras, tractocamión, etc),

En este sentido, será necesario realizar dos acciones en paralelo. Por un lado un trabajo empírico en el cual, el departamento técnico de Hispajuris realizará las siguientes comparativas:

•          Un contraste de facturas relativas a las compras de estos vehículos, con facturas de compras realizadas en un periodo anterior y/o posterior al del cártel.

•          Un contraste de facturas relativas a las compras de estos vehículos, con facturas de compras realizadas en el mismo periodo del cártel, pero en puntos geográficos diferentes que no estén afectados por el cártel.

En ambos casos, gracias al elevado número de clientes afectados por este cártel y tramitados por Hispajuris, disponemos en la actualidad una gran base de datos de facturas que nos permite establecer con un reducido margen de error, los sobrecostes en los diferentes vehículos.

Por otro lado, desde Hispajuris, hemos trabajado en una modelización que nos permita mediante  fórmulas econométricas establecer el precio del bien en una situación contrafactual (en ausencia del cártel).

Sólo estamos, pues, pendientes de la publicación de la resolución por parte de la Comisión Europea, para poder calcular dicho precio y de manera inmediata obtener el sobrecoste.

En cuanto al cálculo derivado de la implantación de las tecnologías para el cumplimiento de las diferentes exigencias medioambientales sobre emisiones, resulta un poco más complicado, ya que hemos tenido que tratar a cada fabricante de manera individualizada, analizar las tecnologías que implementan sus unidades: precombustión (turbos de geometría variable, EGR – alta y baja presión -, presión de inyección, etc), o poscombustión (catalizador, SCR, filtro de partículas, etc); analizar en qué año se impuso alguna de estas tecnologías, y, por último, calcular cada una de estas mejoras en función de los materiales y las características físicas del motor del vehículo.

Fruto de todo este trabajo desarrollado en los últimos meses por parte de nuestro equipo técnico, en Hispajuris estamos firmemente convencidos de las posibilidades reales de calcular el sobrecoste pagado por cada camión y por tanto de solicitar una indemnización a la que habrá que sumar el mencionado sobrecoste de los sistemas de control de emisiones, más el IVA y los intereses de demora, para alcanzar la suma de la indemnización a reclamar.

D. Ángel Sánchez y Resina - Abogado - Departamento Derecho del Transporte – Hispajuris

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