Reclamaciones de transportistas contra Cártel de fabricantes de camiones

  • Los adquirentes de camiones de las marcas MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco y DAF entre los años 1997 y 2011, podrán reclamar en los tribunales una indemnización por el sobrecoste sufrido en la compra de vehículos, a causa del acuerdo de los fabricantes para elevar los precios.
  • Nuestra firma de abogados pone a disposición de empresas y autónomos perjudicados por el pacto de precios un servicio de defensa legal procesal altamente cualificado

Hispajuris ha preparado una sólida defensa legal de los intereses de los compradores de camiones perjudicados por el cártel de fabricantes, basada en la aportación de nuestro Departamento de Derecho del Transporte, en coordinación con uno de los mayores expertos de España en Defensa de la Competencia, nuestro abogado D. Rafael García-Palencia.

Nuestra defensa procesal de los demandantes está sostenida, además, en un Informe Pericial específico por fabricante implicado, al que en cada caso acompaña un informe particular por camión, en base a los cuales se determina la indemnización concreta a percibir por  estas  actuaciones  fraudulentas.

Tales informes acreditan de un modo preciso  los  sobrecostes  derivados  de  la  fijación  de precios  en fábrica  y de la implantación de las medidas  de control de emisiones así como de la inexistencia de un “passing-on” para repercutir esa inflación concertada de precios al cliente final.

Los hechos que respaldan las demandas en favor de los perjudicados

El 19 de julio de 2016, la Comisión Europea descubrió que los fabricantes de camiones MAN, Volvo/Renault,  Daimler,  Iveco  y  DAF  quebrantaron  el  Artículo  101  del  Tratado  de funcionamiento de la Unión Europea y el Artículo 53 del Acuerdo EEE, que prohíben cárteles y otras prácticas restrictivas de negocio.

La Comisión descubrió que estos fabricantes de camiones se pusieron de acuerdo durante 14 años (de 1997 a 2011) para la fijación de precios y para repercutir a sus clientes los costes del cumplimiento de las normativas de emisiones más estrictas de la UE. Por estas infracciones, la Comisión ha impuesto multas de distinta cuantía.

Todos los fabricantes de camiones han reconocido su participación en el cártel, excepto Scania.

Quiénes pueden reclamar

Los perjudicados son los adquirentes de camiones de las marcas MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco, y DAF, entre los años 1997 y 2011.

También lo serían quienes suscribieron un contrato de leasing de dichas marcas, en esos años.

Pueden reclamar incluso aunque ya hayan vendido el vehículo con posterioridad. No podrán los compradores de vehículos de segunda mano.

Cuántos camiones hay afectados

El volumen de ventas que está siendo investigado por la Comisión Europea es de alrededor de 10 millones de camiones dentro de la Unión Europea, y unos 200.000 en España en ese período de tiempo y de esas marcas.

 Cuánto podría reclamar el comprador afectado

El precio de estos vehículos industriales (camiones de carga media y carga pesada) oscila desde los 40.000 € hasta los 120.000 € (algunos modelos, incluso más), lo que nos arroja un precio medio de 80.000 €.

No se conoce exactamente el porcentaje de sobreprecio aplicado. Pero a dicho concepto, habría que sumarle el coste de la implantación de los sistemas de retención de gases contaminantes, que como dice la Resolución sancionadora de la Comisión Europea, está demostrado que los fabricantes hicieron un Passing-On a los compradores. Se sumará, a efectos de calcular el importe a reclamar, el IVA, más los intereses.

Dicha resolución sancionadora, por infracción del Derecho de la Competencia, concreta los períodos en que funcionó el cártel, y fija las sanciones de cada uno de los fabricantes,, pero no concreta los porcentajes del sobreprecio ni el coste de la repercusión de las tecnologías de control de emisiones al comprador.

Esta es una de las cuestiones trascendentales para los transportistas compradores de vehículos afectados, a fin de obtener una compensación económica por dicho acuerdo ilegal: poder cuantificar su importe con criterios sólidos, como elemento probatorio esencial del perjuicio económico sufrido por los compradores de vehículos de carga.

De ahí que el éxito de la defensa procesal de los afectados requiera de un informe pericial exhaustivo, específico por fabricante, que acredite de un modo preciso los  sobrecostes  derivados  de  la  fijación  de precios  en fábrica, así como el coste derivado de la implantación de los sistemas de retención de gases contaminantes, que pueden suponer hasta 10.000 € por vehículo,

En este artículo puede conocer los criterios técnicos de cálculo de las indemnizaciones que aplicaremos en las demandas judiciales.

Precedentes favorables a la viabilidad de las demandas contra los fabricantes

El cártel del azúcar, formado por Ebro Foods y Acor, Sociedad cooperativa, fue condenado en España, con sendas sentencias del Tribunal Supremo, a indemnizaciones de daños y perjuicios por un total de 5 millones de €, más intereses, derivados de su responsabilidad por concertar los precios de venta del azúcar para usos industriales. Dicho pacto perjudicó a varias asociaciones empresariales de fabricantes de dulces (galletas y pasteles), caramelos, chicles, chocolate y derivados del cacao, turrones y mazapanes, que demandaron luego a las empresas del cártel.

La condena judicial fue igualmente precedida de una sanción autoridades de la competencia en aquélla ocasión, del Tribunal de Defensa de la Competencia, por importe de 8,74 millones de €.

De ello resulta un caso análogo al que se presenta ahora con el cártel de fabricantes de camiones: la viabilidad de reclamaciones civiles de daños por prácticas anticompetitivas prohibidas, a resultas de una decisión de la autoridad de defensa de la competencia, y con el fin de compensar los daños que dichas prácticas restrictivas ocasionan.

El escenario legal para reclamar se completa con el hecho de que España tiene pendiente la trasposición al Derecho interno, de una Directiva comunitaria sobre demandas de daños y perjuicios por infracciones del Derecho de la competencia, y que, en defecto de dicha incorporación al ordenamiento español, sería directamente aplicable por los tribunales de España.

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Departamento de Derecho del Transporte de Hispajuris